CATEAN OFICINA DE MEDIO AMBIENTE; INVESTIGAN TRÁFICO HACIA ESTADOS UNIDOS Y EUROPA

BRASILIA.- La oficina del Ministerio de Medio Ambiente brasileño fue inspeccionada por 160 policías federales en el marco de una investigación que involucra al titular de la cartera, Ricardo Salles, en la tala y contrabando de madera del Amazonas hacia Estados Unidos y Europa.

La decisión fue tomada por el juez de la Corte Suprema, Alexandre de Morais, luego de una investigación realizada en enero, quien también determinó apartar a 10 funcionarios de sus cargos por considerar que entorpecían las investigaciones.

En total, según la Policía Federal, son 35 allanamientos en Brasilia, San Pablo y en el estado amazónico de Pará -al norte-, donde actuaba la gavilla que traficaba madera.

Policías salieron de la sede del Ministerio de Medio Ambiente con valijas y cajas con documentación que fue confiscada.

El ultraderechista Salles, vinculado a los ruralistas, es el ministro famoso por decir en una reunión de gabinete filmada, en mayo de 2020, que el presidente Jair Bolsonaro debería flexibilizar la legislación ambiental aprovechando que la pandemia acapara las atenciones de la sociedad, para beneficiar a los empresarios agropecuarios.

El juez de la Corte determinó la quiebra del secreto fiscal, telefónico y telemático de Salles y de 10 de sus colaboradores, entre ellos el titular del Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA), Ricardo Bim, abanderado de la reducción de multas ambientales.

La operación está basada en una resolución que había sido repudiada por la oposición, grupos ambientalistas y empresas regularizadas madereras.

El juez del Supremo Tribunal Federal determinó la anulación de la resolución de febrero de 2020 del ministro Salles que permitió la exportación de productos forestales sin la necesidad de la emisión de autorizaciones de exportación.

Salles fue una de las figuras del ultraliberal o libertario Partido Novo, del que fue expulsado tras los incendios amazónicos de 2019.

El ministro está acusado de reducir la fiscalización ambiental en el país a pedido del presidente Jair Bolsonaro, que acusa a la anterior política de “chiita” (en alusión a un supuesto extremismo de reglas ambientales).

EL DIARIO