EXPLOTACIÓN SEXUAL EN VENEZUELA; AGENCIAS DE MODELAJE Y CRIMEN ORGANIZADO

CARACAS.- En un momento en que la explotación sexual está disparada en Venezuela, se observa un repetido vínculo entre agencias de modelaje de apariencia legítima y casos de trata de personas.

El caso más reciente se conoció a finales de abril, cuando la agencia de modelos Sambil de Venezuela fue allanada por las autoridades y se aprehendió a cuatro empleados por trata de personas, entre ellos su directora Jenny Rosales.

Rosales fue detenida en el aeropuerto internacional de Maiquetia, en Caracas, cuando trataba de viajar a República Dominicana. Según el fiscal general de Venezuela, Rosales tomó a varias modelos de la agencia y las entregó a una banda conectada con la minería ilegal en el estado de Bolívar. Los dueños de la agencia Centro Sambil se apresuraron a expedir un comunicado en el que negaban cualquier irregularidad y afirmaban no tener conocimiento de actividades ilegales.

El escándalo de las modelos de Sambil está lejos de ser el primero que involucra a agencias de modelaje en Venezuela.

En septiembre de 2019, se descubrió que la agencia de modelos Belankazar presuntamente había publicado fotografías de menores de edad en vestido de baño y trajes de cóctel, en YouTube, Instagram y la red social rusa VKontakte. Se dice que se ofrecía fotos exclusivas de las menores a clientes que pagaran por ver. Las niñas se identificaban como “Minimodelos”. Sus propietarios negaron que algunos de esos actos fuera ilegal, y declararon que “en la cultura latinoamericana, especialmente en Venezuela, está más que aceptado y se considera normal que las niñas comiencen su formación como modelos desde temprana edad”.

CAE PRESUNTA RED DE TRATA POR EXPLOTAR SEXUALMENTE A MUJERES VENEZOLANAS

La estructura que funcionaba en Yopal (Casanare) ubicaba pasos fronterizos para contactar niñas, adolescente y mujeres, en su mayoría venezolanas, con ofertas falsas de trabajo como meseras. Diez personas fueron capturadas, varias de una misma familia, pero ninguna aceptó cargos.

Tras un año de investigaciones en Yopal (Casanare), las autoridades capturaron a diez miembros de una red criminal señalada de explotar niñas, adolescentes y mujeres, en su mayoría de nacionalidad venezolana, quienes serían obligadas a trabajar en prostíbulos y, además, estarían sometidas a tratos degradantes. El operativo se llevó a cabo en conjunto entre la Dirección de Protección de la Policía, el Grupo de Policía Judicial de Migración Colombia, el Batallón de Contrainteligencia de Fronteras del Ejército y la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía.

Las diez personas que estarían vinculadas a la red criminal fueron capturadas en un establecimiento conocido como “Tres Esquinas“. El grupo estaría liderado por miembros de una misma familia, de acuerdo con la Fiscalía. Fuentes que participaron en el operativo le contaron a El Espectador que algunos implicados intentaron huir, sin éxito, por los tejados. Durante la diligencia fueron rescatadas 15 mujeres extranjeras, cuatro de ellas adolescentes entre los 15 y 16 años, y bebés que, al parecer, llegaron junto con sus madres de Venezuela.

La organización presuntamente era liderada por una mujer identificada como Rosa, quien tiene también un negocio de venta de carnes en la ciudad. “Amenazaba a las mujeres diciéndole que ella tenía relación con un grupo armado que delinque en la zona”, aseguran las autoridades. Las investigaciones indican que alias Rosa coordinaba, a través de sus hijos y otros familiares, el contacto de las mujeres, para luego encerrarlas en tres establecimientos y amenazarlas, también, con revelar su situación migratoria.

“El material de prueba permitió conocer que algunos integrantes de esta estructura se ubicaban en pasos fronterizos de Arauca y contactaban niñas, adolescentes y mujeres, muchas de ellas venezolanas, quienes ingresaban solas o con sus pequeños hijos al país. Al parecer, les hacían ofrecimientos de trabajo como meseras y las convencían de viajar a Yopal (Casanare)”, aseguró Javier Enrique García, director especializado contra las Organizaciones Criminales.

Las autoridades explican que las mujeres que llegaban a la capital de Casanare y, luego, los miembros de la supuesta red criminal les retenían los documentos de identificación y les exigían pagar los costos de transporte con servicios sexuales, los cuales debían prestarse en tres establecimientos nocturnos. Las víctimas, cuenta la Fiscalía, quedaban endeudadas y eran obligadas confinarse. Incluso, les habrían impuesto multas por negarse a ser explotadas o por intentar escapar.

La Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía (Dipro) dio con los presuntos responsables gracias al trabajo de agentes encubiertos y el testimonio de tres mujeres, dos de ellas adolescentes rescatadas en febrero de este año. Un fiscal especializado contra las Organizaciones Criminales les imputó, en audiencias concentradas, los delitos de proxenetismo con menor de edad, trata de personas y concierto para delinquir agravado. Ninguno aceptó cargos.

“Cuatro de las 16 víctimas son menores de edad, a quienes se les inició el proceso de restablecimiento de derechos con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). La Policía ha logrado en lo corrido del año la captura de 2.837 personas por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexual de la niñez y adolescencia”, agregó el general Diego Hernán Rosero Giraldo, director de la Dipro de las Policía.

Los capturados son: Isabelina Fonseca Rosas, alias Rosa; Jonathan David Fonseca Rosas; Ángela Fonseca Rosas; Isabelina Fonseca Rosas, hija de alias Rosa; Gloria Yasmín Leal Fonseca; Orliannys Arianna Yánez Carreño; Marcos Antonio Lujano Chiquito; Franyerson Miguel Rodríguez; Julio Cesar Africano Jiménez; y Dixon Orlando Otalvarez Soto. Por último, la Fiscalía indaga por la posible participación de miembros de la fuerza pública en la presunta red de explotación sexual.

INSIGHT CRIME / EL ESPECTADOR