GOBIERNO DE MÉXICO ES TAMBIÉN CULPABLE DE LA MUERTE DE 55 MIGRANTES

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  • Los abusos y peligros que sufren quienes pretenden cruzar de manera ilegal a Estados Unidos son un asunto cotidiano, pero ningún gobierno emprende acciones dirigidas a terminar con esta calamidad.

MÉXICO.- La tragedia en la que murieron 55 migrantes que viajaban hacinados en un tráiler que se volcó el pasado 9 de diciembre en Chiapas ha acaparado los titulares de la prensa mundial por el alto número de personas que fallecieron. Pero está lejos de ser la única.

El tráfico de migrantes y los peligros a los que son expuestos por los llamados “coyotes” es un asunto cotidiano. Tan solo a principios de este mes, en el estado mexicano de Puebla, el Instituto Nacional de Migración descubrió un tráiler que transportaba en condiciones infrahumanas a 210 migrantes.

Lejos de disminuir, el problema va en aumento, sin que nadie haga algo al respecto. La exacerbación de la pobreza y el recrudecimiento de la violencia en México, Centroamérica y el Caribe han obligado a un número cada vez mayor de personas a dejar sus lugares de origen en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos, aunque para ello arriesguen la vida.

La CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) dio a conocer que durante el año fiscal 2021 registró más muertes de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México que en cualquier año anterior registrado.

De acuerdo con la agencia, se registraron 557 fallecimientos de migrantes, lo que representa un aumento de más del 50 por ciento en comparación con el año fiscal 2020, cuando se registraron 254 muertes.

Como se ha documentado una y otra vez, en su trayecto hacia el norte, los migrantes sufren un auténtico calvario.

Para empezar, son extorsionados por traficantes de personas que les cobran miles de dólares sin garantía alguna de llevarlos hasta su destino de manera segura. Sin importar si se trata de personas de edad avanzada, de mujeres o niños, los colocan en “casas de seguridad” donde los mantienen hacinados y a medio comer. Con frecuencia, abusan de ellos. Después los transportan en camionetas o vehículos de carga donde viajan en condiciones por demás deplorables, a menudo sin suficiente ventilación y sin probar agua o alimento por días, lo que le ha ocasionado a muchos la muerte.

En julio de 2017, por citar un caso, la policía de San Antonio, en Texas, encontró un tráiler estacionado frente a una tienda Walmart con 39 inmigrantes. Ocho ya estaban muertos y un noveno falleció en el hospital.

Están también los casos de quienes al llegar hasta la frontera mueren de sed o de insolación si tratan de cruzar por el desierto o perecen ahogados si intentan atravesar el río.

Otros, como ocurrió en la tragedia de Chiapas, mueren en accidentes provocados por la irresponsabilidad de quienes manejan los vehículos que los transportan. Según Luis Rodríguez Bucio, jefe de la Guardia Nacional de México, todo indica que las causas de la volcadura del tráiler fueron el exceso de velocidad y una falla en los frenos del vehículo.

Y, como ocurre siempre después de estas tragedias, las autoridades prometen que actuarán contra los responsables.

Pero, como lo hemos visto a lo largo de las últimas décadas, nada pasa. Sabemos de sobra quiénes son los responsables y sabemos también que la mayoría goza de cabal impunidad.

No se trata solo de los traficantes de personas que abusan y ponen en grave riesgo a los migrantes, ni de las bandas criminales que los asaltan y los secuestran. Se trata también de las autoridades migratorias tanto de México como de Estados Unidos que, a cambio de sobornos, se hacen de la vista gorda al dejar pasar a los vehículos que transportan a los migrantes. Se trata también de los policías y miembros del Ejército mexicano que a menudo exceden sus funciones y hacen uso de la fuerza bruta.

Por último, se trata también de todos los gobiernos de la región. Se culpa, con sobrada razón, a Estados Unidos por los abusos de la Patrulla Fronteriza y por la falta de una política migratoria humanitaria que procese de manera adecuada y eficaz los casos de asilo. Washington es también responsable de no impulsar con suficiente energía y voluntad política una reforma migratoria integral y de abusar de la mano de obra indocumentada porque así conviene a los intereses económicos de las corporaciones.

El gobierno de México es también culpable porque se ha prestado sin ningún empacho a ser el muro de contención de Estados Unidos. La Guardia Nacional, que tendría que ocuparse de manera prioritaria de combatir al crimen, se ha destinado en gran medida a controlar de manera arbitraria el paso de los migrantes por órdenes de la Casa Blanca. México es responsable, además, de no vigilar ni castigar a quienes violan los derechos humanos de los migrantes que pasan por su territorio.

Y no hay que soslayar, por otro lado, que todos los gobiernos expulsores de migrantes, entre ellos los de México, Centroamérica, el Caribe y Venezuela, son los principales responsables de estas tragedias porque han fallado en darle a sus gobernados las condiciones de trabajo y seguridad que necesitan para quedarse en sus lugares de origen.

Consciente de esta realidad, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que “hay que atender las causas que originan estos lamentables hechos”. Hace falta que a esta retórica le siga la acción.

MARIA LUISA ARREDONDO / THE INDEPENDENT