Del #NiUnaMás al #EllasNoMeRepresentan

Hace poco, la BBC dedicaba un espacio para hablar de una investigación de Érica Chenoweth, académica de la Universidad de Harvard, que luego de estudiar los movimientos sociales ocurridos entre 1990 y 2006, encontró que la resistencia civil pacífica tiene dos veces más posibilidades de ser exitosa que las campañas violentas. Además de la no violencia, el número de apoyos parece determinante: cuando se logra más del 3.5% de participación de la gente en una causa, “el éxito parece inevitable”.

Desde las multitudinarias protestas en Hong Kong por una nueva ley de extradición de criminales, hasta las recientes manifestaciones en México frente a la violencia de género, los desafíos para sus promotores y simpatizantes es justamente cómo hacerse visibles, hacerse escuchar y volverse actores de cambio en las causas que persiguen, por vías pacíficas.

Algo deseable pero no simple. La protesta social supone un conflicto por definición, pues a fin de cuentas se protesta contra un orden establecido que una colectividad considera injusto, y que no puede ser modificado o corregido desde el ámbito individual de cada persona y por los recursos disponibles desde ahí. Y si el Estado es el monopolio legítimo de la violencia, cualquier violencia ajena resulta ilegítima e ilegal y por tanto hay una tentación permanente para reprimir y criminalizar esas expresiones.

Sirvan los párrafos previos para pensar sobre los hechos ocurridos el pasado viernes en la Ciudad de México, en torno a las manifestaciones de cientos de mujeres que salieron a las calles para exigir justicia para las víctimas de violación. Junto con las marchas de principios de la semana pasada para exigir justicia ante casos de violación, en los que presuntamente estarían involucrados policías, pasando por la reacción de las autoridades de la Ciudad de México, y la cobertura de tales acontecimientos por los medios de comunicación y redes sociales, esta historia incita, por lo menos, a pensar hasta dónde la violencia puede ser un recurso legítimo por parte de la ciudadanía.

Fuente: Forbes