Diputados amplían delitos que ameritan extinción de dominio en legislación de Oaxaca

San Raymundo Jalpan, Oax.– Integrantes de la LXIV Legislatura aprobaron la ampliación de la lista de delitos que se incluyen en el catálogo de corrupción, ello para que el Estado cuente con la facultad de recuperar los bienes adquiridos bajo conductas ilícitas como tráfico de influencias y abuso de autoridad.

 

Como contexto, en septiembre de 2018 se aprobó que la extinción de dominio procediera en los casos de delitos de secuestro, robo de vehículos, trata de personas, enriquecimiento ilícito, peculado, cohecho y delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, sin embargo, ahí no aparecían los delitos del catálogo de hechos de corrupción, por lo que resultó necesario ampliar la lista señalada.

 

La iniciativa fue presentada por la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Laura Estrada Mauro, que reforma el Artículo 6 de la Constitución Política del Estado de Oaxaca.

 

Los delitos incluidos en el titulo octavo del segundo libro del Código Penal del Estado de Oaxaca que se conocen como delitos por hechos de corrupción en sus diversas modalidades son, ejercicio ilícito de servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades abuso de autoridades, coalición de servidores públicos, tráfico de influencias, intimidación y ejercicio abusivo de funciones.

 

El dictamen emitido por la comisión permanente de Estudios Constitucionales del Congreso local dejó claro que la figura de extinción de dominio no contraviene con el marco de respeto a los derechos humanos; por el contrario, posibilita un contexto de seguridad jurídica y garantías que exige el país.

 

De igual forma el documento establece que la figura de extinción de dominio tiene como génesis los delitos cometidos por delincuencia organizada y que se enfocan al resarcimiento de los daños cometidos en contra de particulares, por lo que lo anterior puede implementarse para que en el caso de que algún servidor público sancionado por actos de corrupción, los bienes que haya sido producto de esas conductas delictivas sean reinsertados al Estado.